De acuerdo a los códigos de salud actuales, los apicultores que deseen vender sus productos comercialmente debe procesarlo en una instalación  certificada con agua del condado. Pero eso no es posible para los agricultores de zonas remotas que no son atendidas por el sistema público de agua. El proyecto de Ley 1787, eximiría a los apicultores que no tienen acceso a agua municipal de la obligación de  procesarlo en una instalación  certificada , siempre y cuando en el lugar que se prepara la miel existan  instalaciones para lavarse las manos y el agua  haya sido tratada con los estándares de potable. La legislación también exime a los  apicultores que producen menos de 500 galones de miel al año.